Más de 4,600 millones de pesos sin aclarar en BCS; la transparencia no llega a los hogares
Cada año las mismas observaciones, ningún responsable sancionado.
La Auditoría Superior del Estado volvió a exhibir un patrón de irregularidades en el uso de los recursos públicos durante el ejercicio 2023.
A pesar de que cada año se detectan anomalías millonarias en municipios y organismos descentralizados, los resultados siguen siendo los mismos: montos sin justificar, obras pagadas y no ejecutadas, y una rendición de cuentas que se queda en el papel.
¿Cuáles fueron las cuentas reprobadas, las observaciones repetidas y las cuentas reprobadas?
El Congreso del Estado de Baja California Sur reprobó las cuentas públicas de 19 de las 29 instituciones revisadas, con un monto total observado de 4 mil 629 millones 865 mil pesos.
Los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS) muestran que los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Mulegé concentran las mayores irregularidades, especialmente, en los organismos de agua potable y obras públicas.
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En el caso del OOMSAPAS La Paz, se detectó una obra pagada y no ejecutada por 319 mil pesos, mientras que en Los Cabos no se acreditaron con evidencia fotográfica los trabajos realizados, además de incumplimientos a la Ley de Obras Públicas.
En Mulegé, el monto no solventado supera los 600 millones de pesos, derivado de ingresos y egresos sin comprobar.
A pesar de los llamados de la ASEBCS, la mayoría de estas observaciones se repiten año con año sin que existan sanciones o denuncias penales.
Foto: Congreso Ahora.
Gobiernos municipales bajo lupa, pero sin consecuencias
La revisión de las cuentas públicas vuelve a exhibir una constante: los municipios son señalados, pero rara vez enfrentan sanciones.
La ASEBCS instruyó a los gobiernos de Comondú, La Paz y Los Cabos a aclarar los montos observados y fortalecer sus controles internos, pero no existe un mecanismo efectivo que obligue a reparar el daño, ni a sancionar a los responsables.
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En Comondú, la Auditoría pidió justificar una diferencia de 22 mil pesos y comprobar el entero de contribuciones por más de 6.8 millones de pesos, lo que refleja desorden en el manejo de recursos y falta de control en la recaudación.
En La Paz, se detectó una obra pagada y no ejecutada por 319 mil pesos, además de los intereses generados desde la fecha de pago hasta su reintegro, lo que podría configurarse como daño patrimonial.
Y en Los Cabos, se observó la falta de evidencia fotográfica de trabajos realizados, además de incumplimientos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, un indicio de opacidad y posibles irregularidades en la contratación de servicios.
A pesar de que estos casos ya fueron documentados y presentados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso, ningún funcionario ha sido sancionado hasta el momento.
Foto: Congreso Ahora.
Desde el Poder Legislativo, se ha planteado la posibilidad de imponer medidas disciplinarias y sanciones administrativas, pero la propuesta permanece en análisis.
“No hay claridad ni control sobre sueldos, gastos y contrataciones, mientras la población sigue padeciendo escasez de agua y servicios básicos”, advirtió la diputada Teresita Valentín Vázquez, integrante de la Comisión de Vigilancia.
Cabe destacar que diputados han buscado modificar la Constitución de Baja California Sur para evitar el nepotismo y la reelección inmediata.
Congreso advierte sanciones, pero faltan resultados
Aunque la Comisión de Vigilancia anunció que podría proponer sanciones administrativas para los funcionarios que no solventen las observaciones, hasta ahora no se ha informado de ninguna acción concreta.
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La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto destacó los avances del municipio de La Paz, pero subrayó que aún falta mucho por hacer en materia de rendición de cuentas:
“Estas evaluaciones deben ser un punto de partida para mejorar la gestión pública con honestidad y transparencia. Pero la transparencia debe sentirse en los hogares, no solo en los informes”, expresó.
Aun con los discursos de compromiso y legalidad, la realidad es que los números se repiten y los responsables no aparecen.
Las auditorías concluyen, pero la transparencia sigue sin reflejarse en la vida cotidiana de las familias sudcalifornianas. Es por ello que, desde el Congreso del Estado, se busca sancionar a funcionarios negligentes.
