El caso Playa San Cristóbal en Los Cabos llega a Palacio Nacional: esto dijo Claudia Sheinbaum
El Gobierno de México anunció que intervendrá en el caso de playa San Cristóbal, donde colectivos denuncian desde hace meses un cierre irregular del acceso público.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno ya analiza la situación del acceso cerrado a playa San Cristóbal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que el tema fuera planteado en la conferencia matutina del jueves 4 de diciembre.
Durante la mañanera, la presidenta aseguró que el libre acceso a las playas es una política pública federal y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mantiene seguimiento al caso.
La respuesta se da luego de meses de denuncias públicas sobre el bloqueo del camino que conecta a la playa y las presuntas irregularidades señaladas por organizaciones ciudadanas.
El caso San Cristóbal ha sido expuesto por colectivos locales como un ejemplo de la falta de garantía de accesos en Los Cabos.
Aunque aún no existe una determinación oficial sobre responsabilidades o posibles delitos, la presidenta confirmó que el expediente ya se encuentra en revisión federal y se integrará a las acciones nacionales de reapertura de accesos costeros.
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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre playa San Cristóbal?
La pregunta presentada en la mañanera planteó que el acceso a playa San Cristóbal permanece cerrado pese a una resolución federal que ordenaría reabrirlo, además de mencionar señalamientos ciudadanos sobre certificaciones catastrales sin acreditación de propiedad y presuntos permisos irregulares.
La presidenta respondió que el caso está siendo atendido por Iliana Villalobos, subsecretaria de SEMARNAT, quien coordina los procesos relacionados con accesos a playas a nivel nacional.
“Esta área de Semarnat tiene que ver con la garantía de acceso a las playas, porque son zonas federales”, señaló la mandataria.
También mencionó que recientemente se han reabierto accesos en otros destinos como Nayarit y Puerto Vallarta, y que el caso de Baja California Sur ya fue planteado para su revisión.
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Denuncias ciudadanas por el cierre del acceso a Playa San Cristóbal
Colectivos como BCS Contra la Corrupción, Metiches por Naturaleza y Huellas Verdes han solicitado la apertura del camino a San Cristóbal, y han documentado el cierre del acceso a través de fotografías, manifestaciones y acciones legales. Varias de estas denuncias han sido presentadas públicamente, sin que exista hasta ahora una resolución definitiva que determine responsabilidades.
De acuerdo con documentación municipal y federal, incluido un inventario de accesos a playa elaborado por IMPLAN Los Cabos, el acceso aparece marcado como “cerrado”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) también emitió criterios relacionados con el tránsito hacia la playa, aunque sin acciones que hayan derivado en la apertura.
Entre estas denuncias destaca la eliminación de un adeudo de 65 millones de pesos por derechos de ZOFEMAT.
De acuerdo con el colectivo BCS Contra la Corrupción, dicho adeudo correspondía al pago acumulado de la concesión y habría sido reducido de manera abrupta a 18 millones de pesos, sin que, según señalan, existan comprobantes de pago o documentación pública que aclare el motivo de la disminución.
Estas presuntas inconsistencias forman parte de los argumentos presentados por la organización para pedir que se investigue la actuación de autoridades municipales relacionadas con el expediente.
El colectivo también ha denunciado que el acceso a la playa permanece bloqueado, pese a la existencia de un camino registrado oficialmente y a procedimientos legales en curso para garantizar el libre tránsito. Asimismo, han señalado actividades turísticas dentro de la concesión que, según su versión, no cuentan con permisos federales.
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¿Quién debe garantizar el acceso a las playas en México?
La Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas son bienes públicos de uso común, y que debe existir al menos un acceso libre y continuo para cualquier persona. De acuerdo con la presidenta, esta garantía forma parte de la política nacional del actual gobierno.
SEMARNAT, PROFEPA y los gobiernos municipales pueden intervenir según sus competencias:
SEMARNAT, en temas de zona federal y concesiones;
PROFEPA, en vigilancia y cumplimiento ambiental;
Ayuntamientos, en confirmar y habilitar accesos reconocidos.












