Acceso al Nevado de Toluca se mantiene suspendido por diferencias con ejidatarios
El Nevado de Toluca permanece cerrado mientras ejidatarios y CONANP debaten el ingreso de turistas y el uso de camionetas en la zona.
El Nevado de Toluca mantiene sus puertas cerradas luego de que ejidatarios y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no alcanzaran un acuerdo sobre la forma de ingreso al volcán.
La medida surge después de un accidente en el que una camioneta volcó con turistas, impulsando la necesidad de priorizar la seguridad y proteger el ecosistema.
¿Cuándo se definirá la reapertura y qué restricciones habrá?
Se prevé que el jueves 13 de noviembre se realice una nueva reunión para discutir la reapertura del Nevado de Toluca y la posible autorización de algunas camionetas. La propuesta de las autoridades establece que el ingreso sea únicamente a pie, con el objetivo de:
Reducir la concentración masiva de turistas.
Garantizar la seguridad de los visitantes.
Proteger la flora y fauna del Parque Nacional.
Evitar accidentes similares al reciente incidente.
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¿Qué opinan los ejidatarios y los conductores de camionetas?
El cierre ha generado tensiones entre conductores y comuneros. Los choferes reclaman por la afectación de sus ingresos y buscan alternativas para mantener sus empleos. Por su parte, la CONANP propone otras actividades dentro del Parque de los Venados que permitan sostener la economía local. Entre los ejidatarios existen visiones diferentes:
Algunos consideran que ciertos vehículos están en mal estado y los conductores carecen de capacitación.
Otros destacan camionetas renovadas periódicamente, con seguros y mantenimiento completo.
Se ha sugerido un reglamento que evalúe qué unidades pueden operar de forma segura.
¿Qué implica el amparo del ejido de San Juan de las Huertas?
Otro tema central es el amparo presentado por el ejido de San Juan de las Huertas contra el decreto presidencial del 1º de octubre de 2013, que cambió la categoría del Nevado de Toluca de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna.
Los ejidatarios argumentan que el decreto no respetó la participación de los 17 núcleos ejidales, considerados los verdaderos propietarios del terreno.
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