Edomex aprueba castigar transfeminicidio con cárcel de hasta 93 años
Con la nueva reforma, el Estado de México refuerza su compromiso con la comunidad LGBTIQ+ al tipificar el transfeminicidio como delito.
Recientemente, el Congreso del Estado de México ha dado a conocer que se ha aprobado una reforma histórica al Código Penal Estatal que busca castigar el transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión.
La modificación ha sido avalada y se suma a los esfuerzos del gobierno mexiquense por fortalecer el marco legal en materia de igualdad, justicia y respeto a la diversidad. Con esta decisión, el Estado de México reafirma su compromiso con la comunidad LGBTIQ+, en respuesta al aumento de la violencia hacia este sector.
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¿Cuáles son las reformas que se harán en el Código Penal?
Así como recientemente autoridades aprobaron reformas en el Código Penal ante los casos de acoso sexual, de igual manera, durante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México se ha aprobado la propuesta realizada por la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández que busca tipificar el transfeminicidio como un delito.
Con esta reforma se busca proteger a las mujeres trans o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer, así como para hacer justicia ante los crímenes de odio que se comenten.
Dentro de este delito se contemplan agravantes como violación sexual, ensañamiento, antecedentes de violencia o exposición del cuerpo de la víctima, así como mutilaciones.
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¿Cuáles serán las sanciones ante actos de transfeminicidio?
De acuerdo a lo informado, en esta propuesta se contemplan penas de 40 a 70 años de prisión, así como de 700 a 5 mil días de multa que podrían aumentar si la víctima se tratase de un menor de edad. De igual forma, se contempla que, en caso de que el agresor sea servidor público, podrían alcanzar hasta los 93 años y cuatro meses de prisión.
Durante esta Comisión, la diputada ha afirmado reconocer que sancionar el transfeminicidio responde a la exigencia social y constitucional para proteger la vida y la igualdad, así como la no discriminación.
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