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Reforma penal para castigar el acoso sexual desde la primera denuncia en Edomex

Se proponen sanciones para servidores públicos que nieguen denuncias de acoso sexual en el Estado de México.

Delfina Gómez, gobernadora del Edomex. | Foto: X (@NachoRgz)
Delfina Gómez, gobernadora del Edomex. | Foto: X (@NachoRgz)

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Por: Erandi Jukari Arizmendi

En la entidad mexiquense, recientemente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha enviado al congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal que pretende modificar la forma en que se aborda jurídicamente el acoso sexual.

Hasta ahora, una de las barreras para la sanción inmediata ha sido la exigencia de que la conducta sea reiterada, lo que muchas veces deja sin protección a personas que sufren abuso desde un solo incidente. Con estos cambios, se busca reforzar la protección de las víctimas y reducir la impunidad en casos de violencia de género.

¿Por qué se buscan hacer estas reformas?

Esta propuesta ha surgido luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha realizado una propuesta enmarcada dentro del plan integral contra el abuso sexual, en donde se busca garantizar la atención de las víctimas y la justicia, homologando el abuso sexual como delito grave.

Tras esto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha enviado una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, e incentivando a la población a realizar la denuncia correspondiente cuando sean víctimas del delito de abuso sexual.

¿Qué reformas se busca realizar?

De acuerdo con las reformas que buscan realizar en el Código Penal, es la condición de reincidencia ante este delito de acoso sexual. Es decir, cualquier acto de acoso podrá ser castigado sin que sea necesario que se repita esta conducta. Esta medida podrá ser aplicada en espacios públicos o unidades o instalaciones del transporte público de la entidad.

¿Qué pasa si servidores públicos se niegan a realizar tu denuncia?

A través de un comunicado realizado por las autoridades del Estado de México, han mencionado las sanciones que pueden recibir aquellos servidores públicos que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas.

Ante estos hechos se plantean penas de 2 a 6 años, así como la inhabilitación o destitución de sus cargos públicos por un periodo igual a la pena.

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