Señales de alerta

Entre las 20 iniciativas de reformas legales y constitucionales que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo, hay una que propone la eliminación de los llamados organismos autónomos.

Según el Presidente “no sirven para nada y representan un alto costo”.

Así que el objetivo es integrar estos organismos a las dependencias federales, para ahorrar recursos y evitar duplicidades.

Por eso, ¿y dónde está el diagnóstico?

En los últimos años, sí, porque esto lleva varios años, hemos escuchado diversas opiniones.

Y muchas de estas son preocupantes, ya que apuntan a que no es conveniente borrarlos del mapa.

¿Por qué?

Los organismos autónomos realizan actividades especializadas fundamentales… y representan un importante contrapeso institucional.

Al desaparecerlos, se pondría en riesgo la imparcialidad en la regulación y la certidumbre jurídica de las inversiones en el país, por decir lo menos.

La Comisión Federal de Competencia, la Cofece, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Ifetel, no sólo son importantes por su actividad regulatoria, sino porque garantizan la libre competencia, fundamental para el crecimiento económico.

Por si fuera poco, podríamos incurrir en una violación al Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en términos del cumplimiento de las obligaciones de las partes, particularmente en lo referente a competencia y a telecomunicaciones.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el principal riesgo es que la concentración de la toma de decisiones perjudique la imparcialidad para regular temas complejos en materia de energía.

La idea de eliminar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, se debe a que al gobierno no le gusta cómo se analiza el gran presupuesto que se destina a programas sociales. Obviamente, se requiere una institución especializada que evalúe su impacto, y que además dé seguimiento a un fenómeno tan importante como la pobreza.

Ahora bien, al atentar contra el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se estaría diluyendo la calidad de la democracia mexicana, es decir, se estaría poniendo en riesgo esa democracia en la cual los ciudadanos no sólo salimos a votar, sino en la que también cuestionamos a los gobernantes y que nos permite participar en la conducción de los asuntos públicos del país. Pues sí, porque además el gobierno decidiría a qué información podríamos tener acceso y a cuál no. También se afectaría la debida protección de nuestros datos personales.

Entonces parece que la visión es destruir, en lugar de construir con base en las instituciones.

Proponer que las funciones de los organismos autónomos regresen a la administración pública federal, es una intentona por centralizar el poder.

La autonomía de estos organismos es un factor clave.

Es necesario un debate profundo para rediseñarlos, para mejorar su funcionamiento, por supuesto, pero no para desaparecerlos.

Esperemos que en la actual y, muy probablemente, en la próxima legislatura, se opte por mantenerlos, garantizando su autonomía del poder público, para que, efectivamente, sirvan como un contrapeso del gobierno en turno.

Soy Gregorio Martínez… Más Allá de la Noticia… Nos vemos y nos escuchamos… Aquí en POSTA…