4T: punitivista e incongruente

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal anda enmarañado en una nueva riña con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hablo de la solicitud de juicio político que presentó Morena contra la ministra presidenta Norma Piña, ese es otro tema. Me refiero a la defensa de la prisión preventiva oficiosa.

Tras las condenas de instancias como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las y los ministros aceptaron discutir la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Esta fue agregada al Artículo 19 de la Constitución en 2019, modificación que permite la detención de personas acusadas de diversos crímenes: 

• Abuso/violencia sexual contra menores
• Delincuencia organizada
• Homicidio doloso
• Feminicidio
• Violación
• Secuestro
• Trata de personas
• Robo de casa habitación
• Uso de programas sociales con fines electorales
• Corrupción (enriquecimiento ilícito y abuso de funciones)
• Robo a transporte de carga
• Delitos violentos con armas y explosivos
• Desaparición forzada
• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

Esta medida tiene varios problemas. De entrada, inevitablemente implicará la detención de inocentes, así sea en menor porcentaje. Además, los procesos pueden tardar años. Bien sabemos que las cárceles en México no son centros de readaptación, sino lugares de reclutamiento del narco, y sitios plagados de violencia. Por ello, alguien inocente podría entrar sin lazos con la delincuencia y salir con chamba en un cártel. A eso hay que sumarle los serios daños psicológicos por el abuso sufrido dentro, especialmente si el detenido estaba acusado de algún delito sexual. Ya conocemos “la ley de la cárcel”.

No es un asunto menor. En la mañanera del lunes 15 de abril, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que 68 mil personas están en prisión sin una sentencia. Esta medida evidentemente afecta de forma desproporcionada a personas en condición de pobreza, que pueden ser detenidas sin pruebas concluyentes para acelerar los procesos. Esta no es una preocupación dentro del gobierno federal. Lo que les inquieta es que quitar la prisión preventiva oficiosa representaría ceder a la injerencia extranjera. Por ello, Alcalde pidió a los ministros apegarse a la postura oficialista, particularmente irónico cuando AMLO niega haber tenido injerencia en las decisiones de la Suprema Corte a través del expresidente de la corte, el ahora morenista Arturo Zaldívar.

La crisis en el acceso a la justicia en México es evidente, pero en vez de atenderla a través del fortalecimiento de las fiscalías para que hagan investigaciones correctamente, y mediante el apoyo al poder judicial para agilizar los procesos, este gobierno “de izquierda” ha optado por el punitivismo. Te agarramos ahorita y vemos qué onda después. Esta es otra ocasión en que la 4T deja el discurso de un lado y las acciones del otro, cosa que ya no me sorprende. Al final, Morena sumó al Partido Verde como aliado, el mismo que rogaba el voto mediante la promesa de dar pena de muerte a secuestradores y violadores. ¿O ya se les olvidaron sus vergonzosos comerciales?

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El PAN no entiende que no entiende