FGR investiga a exfuncionarios de la Profeco por red de extorsión a gasolineros
La FGR investiga a exfuncionarios de Profeco, incluidos extitulares, por una red de extorsión ligada a cárteles que cobraba a miles de gasolineras en México
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigado a diversos exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por presuntamente haber participado en una red de extorsión a empresarios gasolineros, según lo reveló el medio mexicano, La Silla Rota.
Para agravar este hecho, como precisa la investigación hecha pública, tales empleados gubernamentales se habrían aliado con las organizaciones criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
¿Quiénes son los exfuncionarios de la Profeco investigados por la FGR?
La investigación en cuestión, dada a conocer durante el martes 26 de agosto, fue abierta bajo el expediente FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, como lo señaló el citado medio mexicano.
Entre los funcionarios de la Profeco puestos bajo la lupa de dicha pesquisa, están dos extitulares: David Aguilar Romero y Ricardo Sheffield, hoy senador de Morena. Además de estos, se nombra a una veintena de colaboradores de dos grupos que están identificados bajo los nombres de: “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”.
David Aguilar Romero. Foto: X (@Profeco)
Presuntamente, estos conformaban una red de extorsión que forzaban la obtención de pagos a más de 6000 estaciones de servicio de varias partes del país, con el fin de que estas obtuvieran protección o no fueran acreedoras de sanciones administrativas.
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¿Cómo es que la FGR obtuvo la información sobre esta red de corrupción?
Según lo apuntó La Silla Rota, el 5 de febrero de este año, un excolaborador cercano de Ricardo Sheffield y luego de David Aguilar Romero, a quien se le identificó como "Pablo", se convirtió en testigo clave, quien rindió declaración ante María Méndez Speckman, agente del Ministerio Público Federal.
En su testimonio, afirmó que dentro de la Profeco hay una red de funcionarios que exigen cuotas de extorsión, coordinándose con el CJNG, el Cártel de Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para llevar a cabo dichos cobros.
Aunado a esto, se apuntó que los empresarios que no cedían ante la presión de las cuotas, a las que se les llamaban "vacunas", eran amenazados por sicarios o eran exhibidos dentro del segmento de la conferencia "Mañanera" de Profeco: "¿Quién es quién en los combustibles?", donde Ricardo Sheffield exponía a las gasolineras que realizaban cobros excesivos a la ciudadanía.
Ricardo Sheffield. Foto: X (@Profeco)
Además de los antes mencionados, está Sergio Arturo Iturbe, quien fue director de la Oficina de Defensa al Consumidor (ODECO) en Guerrero, a quien en la investigación se le relaciona como "colaborador" del Grupo Monterrey, del cual se afirma se alió con Guerreros Unidos para " mover el dinero recaudado a nivel nacional", ya que él era el encargado de la región de Guerrero para cobrar las "vacunas".
Asimismo, se señala a Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración de la Profeco, a quien el Cártel Santa Rosa de Lima, que tiene especial presencia en Guanajuato, le "organizaba y ejecutaba" su red de extorsión, cuestión que supuestamente se la reveló abiertamente a Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena.
Esta misma, según se afirmó a partir de los testimonios de "Pablo", era protegida por el CJNG, según se lo comentó, y ella les pagaba parte de lo recaudado de las "vacunas".
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¿Cómo la FGR corroboró los testimonios de denuncia del testigo colaborador "Pablo"?
Con el fin de corroborar lo dado a conocer por "Pablo", la FGR solicitó la intervención telefónica de algunas de las personas involucradas, así como se entrevistó con empleados de estaciones gasolineras en Ciudad de México y Estado de México.
Sergio Arturo Iturbe. Foto: Gobierno de Zihuatanejo
Tras estos trabajos, pudieron identificar a tres sujetos: Arturo "N", José de Jesús "N", alias “El Pelón”, y Miguel "N", quienes supuestamente se encargaban de intimidar y realizar los cobros de extorsión a dueños de gasolineras en Ciudad de México, con cuotas que iban de entre 20 y 25 mil pesos al mes.
Estos tres hombres, según se menciona, eran contrarios al "Grupo Monterrey", que supuestamente era liderado por Cuauhtémoc Villarreal Martínez, quien fue subprocurador de Verificaciones de 2019 a 2022.
Las investigaciones de los agentes comprobaron la existencia de "vacunas", cuyo valor de cobro, según se dijo, era calculado a partir de cuántas estaciones de servicio contaba el empresario. Para respaldar que se habían efectuado los pagos, estas se ingresaban a un Excel, que era compartido a Ricardo Sheffield y a David Aguilar Romero.
Aunado a esto, aunque en 2022 hubo personal de la Profeco que fue separado de sus cargos por extorsiones, a partir de las denuncias de los empresarios. No obstante, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) corroboraron que la red persistió.
Talía del Carmen Vázquez Alatorre. Foto: X (@TaliaVazquezA)
El testimonio de "Pablo" afirmó que existían "reuniones constantes" entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield, de las cuales asistió a una en septiembre de 2023, en las que se planeó cómo dividir el dinero, incluido los planes de Sheffield para irse de precampaña para la gubernatura de Guanajuato.
Según La Silla Rota, consultaron al exprocurador y ahora senador,</amp-img> Ricardo Sheffield, por el caso, el cual afirmó no tener conocimiento ni haber sido notificado de alguna carpeta de investigación que lo mencione.
¿Con qué otras pruebas cuenta la FGR?
Además de los testimonios de "Pablo", la FGR obtuvo capturas de pantallas de conversaciones entre este mismo testigo con el exprocurador David Aguilar Romero, en las que se compartieron la listas de las estaciones gasolineras que habían cumplido con los pagos.
Junto a esto, se citó el informe SSPC/CONASE/AI/0260/2025, que registra que agentes federales reunieron los testimonios que acreditan el esquema de extorsión por medio de miembros del crimen organizado.
En ese sentido, se citó un caso en la Ciudad de México, de una gasolinería de Pemex, en el área de la Central de Abastos, Iztapalapa, que menciona que durante los ocho años comúnmente acudían a revisar las bombas de la estación. No obstante, en una ocasión amenazaron con suspender el establecimiento si no hablaban con el dueño.
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