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Rosalinda Ávalos: La lucha de una madre contra la impunidad en San Luis Potosí

La mujer denunció que un aspirante a juez mató a sus hijos por órdenes del CJNG, ahora el candidato la denunció y llevó de testigos a integrantes del Cártel.

Rosalinda Ávalos: La lucha de una madre contra la impunidad en San Luis Potosí. Foto: X
Rosalinda Ávalos: La lucha de una madre contra la impunidad en San Luis Potosí. Foto: X

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Por: Italia González

En San Luis Potosí, Rosalinda Ávalos, policía ministerial y madre de dos hijos asesinados en 2020, enfrenta una batalla contra la impunidad y el crimen organizado, la historia volvió a salir a la luz porque esta semana fue denunciada por un excandidato a juez que ella logró tumbar.

En febrero de 2025, Ávalos irrumpió en el Congreso estatal para denunciar que Sabas Santiago Ipiña, exagente ministerial y candidato a juez de oralidad penal, estaba presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al homicidio de sus hijos, Carlos y Daniela, de 20 y 18 años, asesinados en un ataque armado en su domicilio en Soledad de Graciano Sánchez.

Su intervención logró que el Congreso eliminara a Sabas Santiago de la contienda electoral por no cumplir con los requisitos constitucionales, y con esto logró un precedente en la vigilancia ciudadana sobre la reforma judicial.

Sin embargo, en marzo de 2025, Ipiña presentó una denuncia penal y civil contra ella, acusándola de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y daño moral.

¿Cómo se defiende el excandidato a juez?

Según el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, los testigos de Ipiña incluyen a presuntos integrantes del CJNG, como Artemio “N”, alias “El Memo”, y la esposa de un imputado por el asesinato de los hijos de Ávalos.

Esta situación ha puesto en grave riesgo la vida de la agente Rosalinda, quien denunció: “Ayúdame, me van a matar”.

Foto: Redes Sociales

Foto: Redes Sociales

Actualmente, Ávalos se encuentra bajo resguardo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero la Fiscalía estatal solo le ha otorgado patrullajes domiciliarios como medida de protección, considerada insuficiente ante las amenazas recibidas.

A pesar de que nueve personas están detenidas por el crimen de 2020, los responsables aún no han sido llevados a juicio.

Ávalos, quien también ha denunciado una red de corrupción conocida como el “Cártel de la Ministerial” dentro de la Fiscalía, enfrenta pracitamente al sistema que la revictimiza.

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