Las fosas del gobierno

Madres buscadoras de Morelos informaron el hallazgo de al menos 60 cuerpos en una fosa común. Entre las víctimas, dijeron que había 10 bebés. La Fiscalía General del Estado negó tales cifras. El titular, Edgar Maldonado Ceballos dijo que encontraron 83 indicios, que no necesariamente correspondían al mismo número de personas enterradas. Además, aseguró que no identificaron 10 bebés, sino “6 infantes”, y “restos fetales”.

El hallazgo ocurrió en una fosa dentro del panteón municipal de la comunidad de Pedro Amaro en Jojutla. Según el fiscal, éste era un sitio donde “gobiernos del pasado” arrojaron cuerpos sin identificar. Lo mismo sucedía en otra fosa, también en Morelos, en la comunidad de Tetelcingo.

En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre las fosas de Tetelcingo. En un documento confirmó que éstas eran utilizadas por la Fiscalía de Morelos. En otras palabras, quienes debían investigar, estaban volviendo a desaparecer a los desaparecidos, ocultando los cuerpos. En el mismo texto se reconoce que “existen 25 mil desaparecidos en el país”. Diez años después, colectivos denuncian que son más de 127 mil.

Hay muchos factores que abonan a la crisis de desaparición en México. Uno central es que no se invierte en la identificación de cuerpos. El expresidente López Obrador prometió que se crearía un Centro Nacional de Identificación Humana. En marzo de 2025 el colectivo “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México” informó a las Naciones Unidas que de los cinco centros de identificación planteados, sólo hay uno en operación, en Coahuila. Para octubre de 2024, ese centro sólo había identificado a 121 personas. También se abrió un centro de identificación en Morelos, pero en febrero de 2024, el periódico “La Jornada” informó que había cerrado.

La urgencia de estructuras para identificar cuerpos es brutal. Al terminar el sexenio pasado, llegamos a los 72,100 cuerpos sin identificar dentro de instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), según el Centro Prodh. Identificar a las víctimas es crucial para finalmente permitirle a sus familias llevar un duelo digno. No es una suposición. Se han reportado varios casos de personas desaparecidas cuyos cuerpos llevaban años en “SEMEFOS” locales. Por ejemplo, Francisca Mariner de 17 años. Ella desapareció en 2020, en Cancún. Su mamá la encontró cuatro años después. Todo ese tiempo, su cuerpo estuvo en el SEMEFO de Quintana Roo.

La crisis que vivimos es consecuencia del rol que juegan las autoridades, básicamente de dos maneras: o están directamente implicadas, como en Teuchitlán, donde investigan a policías de Tala y hasta al alcalde José Ascensión Murguía Santiago por trabajar para los criminales; o por estar indirectamente implicadas. Las fiscalías también se vuelven autoridades responsables de la problemática al no llevar las investigaciones de forma correcta, ya sea por incompetencia o porque quieren dar “carpetazo”.

Un ejemplo de este último escenario es el caso de los cinco integrantes del grupo musical “Fugitivo” en Reynosa: Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza, José Francisco Morales y Livan Edyberto Solís. Tras su desaparición, la fiscalía informó que fueron incinerados. Sus familias niegan esta teoría, y aseguran que no les han entregado una sola prueba genética que la confirme.

Este viernes 27 de junio el Senado discutirá reformas para atender la crisis de desaparición, pero no necesitamos más leyes o sanciones mayores. Necesitamos que se sigan las leyes que ya están, ¿y cómo podemos esperar eso en un país donde sabemos que quienes deben cuidarnos, en demasiados casos responden a otros intereses?