Estas son las vinculaciones a proceso del ex secretario de bienestar en Tamaulipas
El exfuncionario enfrenta cargos por uso indebido de funciones y desvío de recursos durante su gestión en el gobierno estatal.
En una audiencia celebrada este lunes, un juez de control vinculó a proceso al exsecretario de Bienestar Social en Tamaulipas, tras considerarse que existen elementos suficientes para investigarlo formalmente por su presunta participación en actos de corrupción. Las acusaciones giran en torno al uso irregular de recursos públicos destinados a programas sociales.
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De acuerdo con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el exfuncionario habría autorizado transferencias de fondos por más de 35 millones de pesos a asociaciones civiles y proveedores sin cumplir los requisitos legales ni justificar el destino final del dinero. Estas operaciones se realizaron durante el último año de la pasada administración estatal.
¿Qué delitos se le imputan al exsecretario de Bienestar?
Según lo informado por la autoridad ministerial, se le acusa de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, luego de detectar operaciones irregulares mediante auditorías internas y denuncias ciudadanas. Las pruebas presentadas incluyen facturas simuladas, contratos con prestadores de servicios fantasma y desvío de recursos etiquetados para programas de combate a la pobreza.
¿Cuál fue la postura del exfuncionario ante el juez?
Durante la audiencia, el exfuncionario se reservó su derecho a declarar y su defensa legal solicitó un plazo para recabar pruebas a su favor.
A pesar de ello, el juez determinó la vinculación a proceso y dictó medidas cautelares, entre ellas, la presentación periódica ante el Ministerio Público y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial.
¿Qué sigue en el proceso legal y qué consecuencias podría tener?
El juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual se reunirán más pruebas periciales, contables y testimoniales. De ser hallado culpable, el exfuncionario podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
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Esta vinculación se da en un contexto en el que el actual gobierno estatal ha impulsado una política de transparencia y combate frontal a la corrupción, particularmente en áreas sensibles como el manejo de programas sociales.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la legalidad y llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en el uso de recursos públicos.
