Jefas de familia en Tamaulipas no podrán ir a la cárcel por estos delitos
Diputados buscan evitar que hijos de mujeres encarceladas queden en abandono o institucionalización.
El Congreso del Estado recibió una iniciativa de reforma al artículo 108 BIS del Código Penal de Tamaulipas, que busca que mujeres jefas de familia en condiciones de marginación y vulnerabilidad no sean encarceladas por delitos menores o no violentos, sino que cumplan medidas alternativas como el arresto domiciliario.
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La propuesta reconoce el impacto social que genera la privación de libertad en madres que son sostén de sus hijos y responde a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
¿Qué plantea la reforma al Código Penal de Tamaulipas?
La iniciativa establece que los jueces podrán sustituir la prisión por medidas como arresto domiciliario, servicios comunitarios o supervisión judicial, siempre que se trate de mujeres en situación de vulnerabilidad y jefas de familia.
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El objetivo es que, ante delitos no violentos o de menor gravedad, la sanción no implique la separación de madres e hijos, lo cual podría ocasionar consecuencias más severas en la vida de los menores, como su institucionalización en albergues o el abandono.
¿Qué delitos entrarían en la reforma?
La propuesta no establece un listado cerrado de delitos, sino que marca criterios generales. Los beneficios se aplicarían en casos de:
- Delitos no violentos como robo simple, daños a la propiedad, fraude menor o abuso de confianza.
- Conductas derivadas de marginación o precariedad económica, donde la cárcel resulta desproporcionada frente al daño causado.
- Situaciones en que la pena de prisión sea innecesaria para proteger a la sociedad y cause mayor impacto negativo en la familia de la acusada.
Por otro lado, la reforma excluye delitos graves o de alto impacto, como homicidio, secuestro, feminicidio, delincuencia organizada, violación, trata de personas o portación de armas de uso exclusivo.
¿Qué busca la reforma al Código Penal?
De acuerdo con los legisladores promoventes, el objetivo es evitar que los hijos de mujeres encarceladas queden en abandono o institucionalizados, pues en muchos casos dependen únicamente del ingreso y cuidado de su madre.
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La medida se alinea con tratados internacionales de derechos humanos, que recomiendan a los países implementar penas alternativas para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, siempre que no se trate de delitos violentos.
