Intérpretes mayas en el Poder Judicial de Yucatán: un paso histórico hacia la justicia
Esta medida busca atender una deuda histórica con las comunidades mayahablantes de Yucatán.
Por primera vez, el Poder Judicial de Yucatán contará con intérpretes mayas dentro de su plantilla laboral, una medida que busca garantizar el acceso a la justicia para quienes hablan esta lengua originaria.
Así lo confirmó la presidenta de este organismo, Erika Beatriz Torres López, durante una entrevista con medios locales.
Hasta ahora, los juicios que requerían traducción dependían de peritos externos. La funcionaria explicó que la propuesta forma parte del presupuesto 2026, presentado esta semana, y contempla la creación de 10 plazas para intérpretes certificados en lengua maya con formación jurídica.
Queremos que formen parte del Poder Judicial, no solo como apoyo externo, sino como personal que asista directamente a la ciudadanía.
Erika Beatriz Torres López - Presidenta del PJY
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¿Por qué es importante incluir intérpretes mayas en el sistema judicial?
En Yucatán, donde más de medio millón de personas habla lengua maya, la presencia de intérpretes es clave para garantizar el derecho a una defensa justa y comprensible.
Torres López destacó que la incorporación responde a una deuda histórica con las comunidades que, muchas veces, enfrentan procesos legales sin comprender totalmente lo que ocurre en los tribunales.
Tenemos personal que ya tiene conocimientos en lengua maya y estamos buscando su certificación. Empezaremos con ellos para que puedan integrarse formalmente como intérpretes del Poder Judicial.
Erika Beatriz Torres López - Presidenta de PJY
La medida busca fortalecer la atención con perspectiva intercultural y reducir las barreras lingüísticas en los juzgados del estado.
¿Cómo se financiará y en qué etapa está el proyecto?
La creación de estas plazas está contemplada dentro del presupuesto 2026, que propone un incremento global del 3 %, en línea con el índice inflacionario nacional.
El presupuesto total asciende a 1,102 millones de pesos, frente a los 1,057 millones del año anterior.
Aunque el aumento es modesto, una parte de los recursos se destinará a esta nueva figura y al reforzamiento de la primera instancia, donde se concentra la mayor carga laboral.
Torres López explicó que, además de la contratación, se prevé ofrecer capacitación y certificación al personal que ya domina la lengua.
Buscamos que los intérpretes tengan formación jurídica y certificación oficial en lengua maya. Es fundamental que estén preparados para actuar en audiencias, juicios y procedimientos legales.
Erika Beatriz Torres López - Presidente PJY
¿Qué otros proyectos acompañan esta medida?
Junto con la inclusión de intérpretes, el Poder Judicial trabaja en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que deberá entrar en vigor en abril de 2027.
Este proceso implicará ajustes mínimos de infraestructura, como adecuaciones para salas de oralidad en los juzgados que aún no cuentan con ellas.
Queremos escuchar a la gente y mejorar con base en su experiencia.
Erika Beatriz Torres López - Presidente PJY
Además, desde el 1 de octubre se encuentra activa una encuesta ciudadana sobre la calidad de los servicios judiciales, disponible en línea hasta noviembre. Con los resultados, la institución planea rediseñar sus estrategias de atención y transparencia.
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