Violencia feminicida: la realidad oculta detrás de los asesinatos de mujeres en México
Ocurrió en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en 2017. Fue el 23 de febrero de ese año cuando Mariluz Reyes Jiménez, una empleada de 36 años, no llegó a su trabajo.
Una parte del cuerpo de Mariluz fue hallada 2 semanas después, el 9 de marzo, a las afueras de Orizaba, su expareja desmembró el cuerpo, lo echó por partes en varias cajas de cartón que tiró en diferentes puntos de los municipios de Orizaba, Ixtaczoquitlán y Córdoba.
Sin embargo, hizo creer a las autoridades que se trataba de un acto de violencia entre grupos delincuenciales de la zona.
“Pero ni el narco se atrevió a tanto”, dijo Lilia Jiménez, integrante del Colectivo de Desaparecidos de la Región Córdoba-Orizaba, que apoyó a la madre de Mariluz a buscarla.
¿Por qué Mariluz no llegó a su trabajo?
Mariluz no llegó a su trabajo porque se citó previamente con su exmarido, Rubén Darío Mendoza. Él quería reanudar la relación pero ella tomó la firme decisión de no hacerlo. La tuvo secuestrada 15 días y hasta que decidió matarla y desmembrarla.
En diciembre de 2019, casi 3 años después del feminicidio de Mariluz, Rubén fue sentenciado a 40 años de prisión, además de la reparación económica del daño, monto que no fue establecido. Pero la vida de Mariluz se pudo haber salvado.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Veracruz, Mariluz aún estaba con vida cuando Rubén Darío fingió buscarla e incluso se presentó a declarar en el Ministerio Público de Orizaba, donde alegó que, si bien ese 23 de febrero se habían encontrado y habían discutido, ella se fue y desde entonces no supo nada más.
“Fue un error pericial pues si bien no tenían elementos para detener a Rubén, los ministeriales pudieron haber establecido medidas de vigilancia previstas en la ley y lograr dar con Mariluz”, señalaron abogados orizabeños a medios locales en ese entonces.
La gravedad de no clasificar el delito
El caso de Mariluz es uno de los miles que ocurren cada año. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, los casos de feminicidio, desapariciones y violencia sexual tienen cifras dispares, incluso ocultas.
Esto debido a que padecen un grave problema de clasificación que genera un subregistro que oculta la realidad y la gravedad de estos problemas.
El problema de la clasificación radica en se sigue considerando a los feminicidios como homicidios dolosos, lo que influye y determina la prioridad en las investigaciones, los recursos que son asignados para resolver casos incluso su visibilidad ante la opinión pública.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, entre enero y agosto de 2025 se cometieron 444 feminicidios en el país.
Es decir, 1.8 feminicidios por día, pero en esta estadística no se incluyen otros casos de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, como tampoco los que no se denuncian; o bien, los que son registrados por las fiscalías estatales por otras causales.
El Estado de México es el lugar más violento para las mujeres, y a este le siguen Chihuahua, la Ciudad de México, Morelos y Sinaloa.
Sin embargo, en el mismo período, el SESNSP establece que se han registrado en el mismo período 1 mil 426 mujeres víctimas de homicidio doloso.
Es decir, en estos casos, las autoridades ministeriales no pudieron determinar que hubo razones de género para considerarlas como feminicidios.
Desaparición de mujeres va en aumento
La desaparición de mujeres y niñas representa un aspecto especialmente alarmante de la violencia de género en México.
Tan sólo a mayo de 2025, 2 de cada 10 personas desaparecidas en México fueron mujeres, porcentaje que se mantiene en crecimiento constante en la última década, de acuerdo a las estadísticas del SESNSP.
Los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, la Ciudad de México y Tabasco concentran el 49 por ciento de las desapariciones de niñas y mujeres a nivel nacional.
El caso más dramático es el de Tabasco, que no figuró en las estadísticas de 2024, pero a mayo de 2025 incrementó en 87 por ciento el número de casos, de acuerdo con la Red Lupa.
Esto coincide con el aumento de la violencia en Tabasco entre el año pasado y el actual debido a las operaciones de auge y caída del grupo delictivo “La Barredora”, ligado al exsecretario de Seguridad Pública en esa entidad, Hernán Bermúdez Requena.
Además, las organizaciones de madres buscadoras padecen violencia institucional y la desprotección del Estado mexicano: Amnistía Internacional señala que 9 de cada 10 madres buscadoras en México han padecido en algún momento situaciones de amenazas, extorsiones, ataques físicos, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
Las desapariciones muchas veces no son denunciadas a las autoridades, agrega Amnistía, debido a la desconfianza que mantienen sobre los gobiernos estatales, la percepción de cooptación de las autoridades por parte del crimen organizado y, sobre todo, la revictimización de las mujeres.
Las estadísticas oficiales son alarmantes, pero no reflejan a fondo la magnitud de la violencia de género en México.
La clasificación incorrecta de feminicidios como simples homicidios dolosos, las desapariciones que no se investigan con perspectiva de género y la revictimización está ocultando miles de historias de mujeres, niñas y adolescentes que quieren ser encontradas por sus familiares y regresar a su hogar.
En ese sentido se puede señalar que la violencia de género en México no es solo un problema de seguridad pública, sino que continúa siendo una crisis de derechos humanos que exige respuestas institucionales efectivas, presupuestos adecuados y, especialmente, voluntad política para realizar los cambios legislativos en el Código Penal Federal que permita tener un mejor panorama y comprensión de estos problemas.
