Mujeres víctimas de violencia ya no podrán ser excluidas de apoyos sociales en BCS
El Congreso de BCS aprobó ajustes a la ley que redefinen qué criterios deberán aplicarse al atender a mujeres en situación de violencia.
El Congreso de Baja California Sur no solo aprobó la iniciativa sobre violencia ácida, que marca hasta 18 años de prisión cuando existe un vínculo sentimental, sino que también sacó adelante otra reforma para que las mujeres víctimas de violencia sean reconocidas como personas sujetas de asistencia social, sin importar su orientación o identidad sexual.
Esta modificación forma parte de un paquete de cambios legales que busca actualizar el lenguaje, dejar atrás términos excluyentes y reforzar los principios de igualdad y no discriminación dentro del marco jurídico estatal.
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Video | Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
¿Qué se propone para que mujeres víctimas de violencia ya no sean excluidas de apoyos sociales en Baja California Sur?
La reforma fue impulsada por la diputada Alondra Torres García y revisada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, Igualdad de Género y Desarrollo Social.
Con la aprobación unánime del Congreso, se estableció que las mujeres que viven cualquier tipo de violencia deben poder acceder sin trabas a programas y políticas de asistencia social, tal como marca el artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La iniciativa también actualizó el lenguaje de la ley para hacerlo incluyente, cambiando términos como “sujetos de derechos” por “personas sujetas de derechos”, en armonía con la normativa federal y estatal. El dictamen ajustó varias expresiones para eliminar enfoques androcéntricos y usar un lenguaje más claro y respetuoso.
Con esto, frases como “menores de edad” serán reemplazadas por “niñas, niños y adolescentes”, respetando el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad.
Las comisiones explicaron que estos cambios permiten reconocer de forma explícita a las mujeres víctimas de violencia como usuarias de la asistencia social, lo que facilita su acceso a acompañamiento, protección y atención especializada, como asesoría jurídica, apoyo psicológico y servicios sociales.
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¿Quiénes avalaron la iniciativa y por qué se consideró necesaria?
El dictamen fue presentado por comisiones legislativas integradas por diputadas y diputados que revisaron a detalle el contenido jurídico y social de la reforma.
Estas comisiones señalaron que los cambios representan un avance para reconocer las desigualdades estructurales que viven muchas mujeres en el estado.
La diputada Alondra Torres García, quien impulsó la iniciativa, explicó que era necesario actualizar el lenguaje de la ley para quitar barreras que todavía limitaban el acceso a apoyos.
Con esto, se busca garantizar que las mujeres víctimas de violencia, incluidas aquellas de la comunidad LGBTIQ+, puedan recibir asistencia sin distinción por orientación o identidad sexual.
¿Qué leyes vigentes respaldan la no discriminación en casos de violencia?
Entre 2020 y 2025, Baja California Sur mantuvo un marco legal que prohíbe totalmente la discriminación por parte de cualquier autoridad.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, actualizada en 2021, dejó claro que todas las dependencias y servidores públicos —incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— deben dar trato igualitario y evitar cualquier práctica desigual.
Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género, sin importar la orientación o identidad sexual de las mujeres, garantizando su acceso a la justicia y a servicios de protección.
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Si una víctima siente que una autoridad la trató de forma injusta o discriminatoria, puede presentar una queja ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, además de recurrir a otras instancias legales.
También se suma la propuesta presentada en septiembre de 2025 por la diputada Karina Olivas Parra, conocida como Ley Alina, que busca evitar que mujeres víctimas de violencia sean criminalizadas por defenderse de sus agresores.
