Estas empresas de CDMX son investigadas por contratos públicos millonarios en Sinaloa
Investigaciones continúan por millones de pesos de por medio en red de arrendamiento de la capital.
En la CDMX no solo se investigan los pinchazos, sino también empresas implicadas en red de arrendamiento investigada por corrupción en Sinaloa.
¿Cuáles son las empresas de CDMX que son investigadas?
Una red de arrendadoras con vínculos empresariales y domicilio en la capital se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos en los municipios de Ahome y Culiacán, Sinaloa.
Las compañías señaladas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado incluyen a Casanova Vallejo y Grupo Turbofin, ambas con historial de adjudicaciones en gobiernos estatales y federales.
¿De cuánto eran los contratos irregulares de empresas de CDMX?
La investigación se basa en la adjudicación de contratos de arrendamiento de patrullas y camiones recolectores de basura que habrían costado en más de 288 millones de pesos, debido a esquemas entre empresas intermediarias sin capacidad operativa.
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Uno de los contratos clave, con número DA-Arrendamiento-018-2021, fue otorgado a la empresa Grinleasing SAPI de CV por un monto de 171.4 millones de pesos. Solo dos días después, Grinleasing subarrendó las unidades a Casanova Vallejo, firma que había sido sancionada previamente por incumplimientos contractuales y que logró operar mediante una suspensión judicial.
Este contrato fue parte del motivo por el cual se impulsó el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, así como un proceso penal contra el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Recordemos que edificios de Be Grand en CDMX también tienen conexiones ilegales.
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¿Cómo estaría conectada la red empresarial de CDMX?
Grinleasing, constituida en 2020 en la CDMX, tiene como accionistas a Diego Gaspar Villarias y Raúl Antonio Hernández Mendoza, quienes también están vinculados con Grupo Turbofin SAPI de CV.
Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, firmaron 84 contratos con el gobierno federal por más de 519 millones de pesos, a pesar de haber sido sancionada por incumplimiento con el ISSSTE. La inhabilitación quedó sin efecto el 27 de mayo de 2024, según el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, Grupo Turbofin, cuyos dueños son Aby y Bernardo Lijtszain, también accionistas de la empresa bursátil Traxión, ha obtenido contratos públicos por aproximadamente 2 mil millones de pesos en los últimos años. Otros casos de investigación en CDMX son los que llevaron a 361 detenidos por extorsión.
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