Proponen cárcel a personal no certificado que opere en clínicas de Nuevo León
Con esta acción, el PRI reafirma su compromiso con la salud, cerrando el paso a prácticas irresponsables en Nuevo León.

Para proteger la salud y la vida de los ciudadanos ante la proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares, la diputada local ,Gabriela Govea López, presentó iniciativa de reforma al Código Penal.
Esto con el objetivo de sancionar con dos a seis años de prisión a los directores o administradores de los centros médicos que autoricen procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin estar certificados.

¿Qué más se propone con la presentación de esta iniciativa?
En compañía de su compañera, Armida Serrato y de los otorrinolaringólogos Rafael Moreno, Lilia Ruan y Marcos Antonio Méndez, la presidenta de la Comisión de Salud también propuso ampliar el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes practiquen procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con un certificado vigente de especialista.
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¿Qué más refirió sobre el tema la diputada priista?
Ante esto, Govea López resaltó que además ha proliferado la modalidad de las llamadas “tandas”, que son esquemas de financiamiento informal que ofrecen procedimientos quirúrgicos a bajo costo sin garantías de seguridad ni calidad médica.
¿Cuánto porcentaje de las cirugías estéticas en México se han hecho por médicos que no cuentan con la especialidad?
En este sentido, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) ha documentado que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal que no cuenta con la especialidad correspondiente, lo que representa un grave riesgo para los pacientes.

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¿Qué más presentó en la Oficialía de Partes del Congreso la legisladora local?
Cabe mencionar que, Govea López también entregó ante la oficialía de partes un exhorto para que el delegado de la PROFECO en Nuevo León, asegure que los hospitales garanticen que la oferta de servicios e insumos cumpla con la normatividad aplicable, prevenga cobros excesivos y prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.
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