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Yucatan

MORENA en Yucatán celebra fallo de la SCJN que confirma “freno” al incremento del predial en Mérida

Los diputados locales de Morena se opusieron y rechazaron este aumento, que impactaría directamente en el cobro del impuesto predial.

¿Qué motivó la intervención de la SCJN en el caso del predial en Mérida?. Foto: Irving Gil
¿Qué motivó la intervención de la SCJN en el caso del predial en Mérida?. Foto: Irving Gil

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Por: Adity Cupil

La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del incremento al cobro del predial en Mérida generó diversas reacciones en el ámbito político local.

Legisladores de Morena en Yucatán celebraron la decisión al considerarla un triunfo para los ciudadanos que se verían afectados por este ajuste en el pago de contribuciones municipales.

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Los diputados señalaron que este fallo confirma lo que la fracción había advertido desde un inicio: que el aumento en el predial resultaba desproporcionado y atentaba contra la economía de las familias meridanas.

Asimismo, indicaron que se trata de un precedente importante en la relación entre los municipios y los ciudadanos en materia de justicia fiscal.

¿Qué motivó la intervención de la SCJN en el caso del predial en Mérida?

El conflicto inició cuando el Ayuntamiento de Mérida aprobó un ajuste en las tablas catastrales que impactaría directamente en el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal de este año, pero los diputados locales de Morena se opusieron y rechazaron este aumento.

Ante ello, se presentó una controversia constitucional por parte del Ayuntamiento de Mérida, a través de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, que finalmente llegó a la Suprema Corte. El máximo tribunal confirmó el freno a la aplicación de los aumentos aprobados por el Cabildo meridano.

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¿Qué dijeron los legisladores de Morena sobre el fallo?

La bancada de Morena en el Congreso del Estado expresó que la resolución representa un triunfo de la justicia y del interés ciudadano sobre los intereses recaudatorios del Ayuntamiento.

Los legisladores afirmaron que se debe escuchar a la población antes de tomar decisiones que impacten de manera directa en su bolsillo.

En rueda de prensa, el coordinador de la bancada guinda, Wilmer Monforte Marfil, sostuvo que esta medida tuvo como objetivo proteger a quienes menos tienen, por lo que celebró que la Corte haya determinado como infundada la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Mérida.

La diputada Naomi Peniche López recalcó que, de no haberse detenido la medida en el Congreso del Estado, este 2025 se habrían registrado incrementos significativos en el cobro del impuesto predial.

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Asimismo, la diputada Clara Rosales Montiel destacó que los principales beneficiados con esta determinación son las y los vecinos del sur de la ciudad, quienes históricamente han resentido más los ajustes que aprueba el Cabildo en su Ley de Hacienda.

La legisladora rechazó la versión de que frenar los valores catastrales disminuiría los recursos para obra pública. Recordó que, pese a las promesas, las colonias del sur siguen padeciendo problemas de calles en mal estado y falta de servicios, mientras que la inversión se concentra en el norte de la capital.

Como ejemplo, señaló que en el primer año del Ayuntamiento de Cecilia Patrón Laviada se invirtieron más de 58 millones de pesos en repavimentación en el norte, frente a los 31 millones destinados al sur.

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¿Qué críticas lanzaron contra el Ayuntamiento de Mérida?

El diputado Alejandro Cuevas Mena resaltó que, por primera vez en muchos años de administraciones panistas, no se incrementarán los cobros del predial, lo cual ha generado satisfacción entre los contribuyentes.

Agregó que es falso que el Ayuntamiento haya presentado la controversia constitucional con el fin de defender la autonomía municipal. Según el legislador, el verdadero objetivo era aumentar la recaudación mediante el alza del impuesto predial.

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En conjunto, los diputados morenistas insistieron en que la resolución de la Corte representa un triunfo ciudadano y un precedente en la defensa de los contribuyentes frente a decisiones que, aseguraron privilegian la recaudación sobre el bienestar social.


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