Profepa detecta daño a manglares en Holbox; clausura obras sin permisos
Las inspecciones de la Profepa se realizaron los pasados 16 y 17 de julio en la comunidad de Holbox

Los días 16 y 17 de julio, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) realizó recorridos de vigilancia en la isla de Holbox, Quintana Roo, con el objetivo de constatar que se cumpla con la ley ambiental.
En las inspecciones, se detectaron afectaciones al manglar y obras sin autorización en dos predios dentro del Aréa Natural Protegida Yum Balam, por lo que se les impusieron medidas correctivas para evitar mayores impactos.

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¿Cuáles fueron los daños detectados en Holbox?
El pasado miércoles 16 de julio se inspeccionó un predio en Punta Ciricote, donde se observaron caminos abiertos entre la vegetación de manglar, así como zonas desprovistas de vegetación y señalamientos para la lotificación del predio.
Para el jueves 17 de julio, la diligencia se realizó en un predio ubicado en la calle Pedro Joaquín Coldwell, donde se detectó la construcción de una bodega temporal de materiales.

Además, se observaron maquinaria, herramientas y 46 pilotes de concreto para lo que aparentemente será la cimentación de edificaciones.
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¿Qué medidas implementó la Profepa?
Estos desarrollos inmobiliarios no contaban con una autorización previa en materia de impacto ambiental, necesaria por encontrarse dentro de ecosistemas costeros y del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.
Como resultado de las inspecciones, se impuso la clausura total temporal de actividades en ambos desarrollos inmobiliarios, debido a que ninguno exhibió la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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¿Cuál es la principal labor de la Profepa?
Con estas acciones, la Profepa trabaja en la protección y conservación de los ecosistemas costeros y busca incentivar que los desarrolladores inmobiliarios con proyectos en estas zonas tramiten las autorizaciones correspondientes ante la autoridad ambiental federal.

Estas son indispensables para asegurar que sus obras no afecten la biodiversidad y los servicios que estos ecosistemas brindan y para evitar que se hagan acreedores a las sanciones que correspondan a cada caso.