CDMX será la ciudad más videovigilada de Latinoamérica: ¿más seguridad o más vigilancia?
La Ciudad de México se convertirá en la urbe más videovigilada de toda América Latina. La jefa de Gobierno, Clara Brugada (quien anunció un nuevo programa), anunció la implementación del programa “Ojos que te cuidan”, que contempla la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de seguridad con una inversión inicial de 345 millones 681 mil pesos. Con ello, la capital alcanzará la cifra de 113 mil 814 videocámaras en operación.
El gobierno capitalino sostiene que este despliegue permitirá mejorar la vigilancia en calles, transporte público y espacios de alta concentración. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas cuestionan si esta estrategia se traduce en más seguridad para la ciudadanía o simplemente en un mayor control.
¿Más cámaras, menos delitos?
La apuesta por la videovigilancia no es nueva. Desde hace más de una década, distintos gobiernos de la ciudad han invertido en la expansión del C5 y los sistemas de monitoreo. Pero los resultados en materia de reducción delictiva siguen siendo ambivalentes.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), no existe evidencia de que más cámaras reduzcan los delitos. Las cifras oficiales muestran que, a pesar del incremento en la instalación de equipos, los índices delictivos no disminuyen proporcionalmente.
Un ejemplo claro es el de Iztapalapa, que en 2020 contaba con 2 mil 293 cámaras. Pese a esa infraestructura, entre octubre de 2019 y octubre de 2020 se convirtió en el municipio con más secuestros del país.
La organización internacional Access Now coincide en que “las cámaras crean una ilusión de seguridad, pero no constituyen una protección efectiva”. En urbes como Londres y Ciudad de México, altamente vigiladas, los índices de violencia no han mostrado reducciones significativas asociadas al monitoreo permanente.
Los riesgos detrás de la videovigilancia
Más allá de su efectividad, el despliegue masivo de cámaras abre la puerta a serias preocupaciones sobre privacidad y derechos humanos.
La falta de controles claros, la opacidad en el manejo de información y la ausencia de garantías legales sobre el uso de los sistemas de videovigilancia representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
Con estas herramientas, las autoridades pueden conocer a dónde vamos, con quién nos reunimos y con quién hablamos. Además, los sistemas almacenan millones de datos personales que, en caso de mal uso o filtración, podrían convertirse en una amenaza directa para la población.
En 2018, un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa logró acceder a cámaras de videovigilancia para rastrear y asesinar a informantes del FBI. También se han documentado casos en los que, durante protestas sociales, las cámaras fueron utilizadas para vigilar y obtener información sobre manifestantes y activistas.
Cámaras como herramienta, no como solución
Diversos expertos subrayan que la videovigilancia puede ser útil como herramienta de monitoreo y para la recolección de evidencia posterior a un delito, pero difícilmente previene la comisión de crímenes por sí sola.
La seguridad pública, señalan, depende de otros factores. En este sentido, organizaciones civiles demandan que el gobierno capitalino implemente protocolos estrictos de control y protección de datos, además de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de estos sistemas.
Seguridad o vigilancia: el debate abierto
El despliegue de más de 113 mil cámaras coloca a la Ciudad de México en el centro de un debate global: ¿hasta qué punto la videovigilancia mejora la seguridad y en qué momento se convierte en un mecanismo de control social?
Mientras el gobierno capitalino presume el programa como un paso histórico hacia la protección ciudadana, las organizaciones defensoras de derechos digitales llaman a mirar más allá de la cifra de cámaras.
Al final, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿queremos una ciudad más segura o una ciudad más vigilada? Porque, como advierten especialistas, no siempre es lo mismo.