¿Por qué señalan como ilegal el nuevo organismo operador del Tiburón Urbano en La Paz?
El nuevo organismo del Tiburón Urbano promete modernizar el transporte en La Paz, pero su creación desató una disputa legal.
El nuevo organismo operador del Tiburón Urbano en La Paz, Baja California Sur, que el Gobierno Municipal aprobó en octubre de 2025, llegó con la promesa de mejorar el transporte, ordenar las rutas y usar pago electrónico en lugar de efectivo.
Pero lejos de beneficiar, el tema causó polémica, ya que ahora transportistas, activistas y opositores ponen en duda si el ayuntamiento realmente puede operar el transporte público y si el proyecto está dentro de la ley. Te puede interesar.... Video | El Tiburón Urbano ahora permite pagar a varios pasajeros con una sola tarjeta En el centro del debate están tres puntos: A eso se suman las dudas sobre el registro de la marca, el manejo del dinero y la transparencia del nuevo organismo. Al mismo tiempo, hay amparos presentados por transportistas y resoluciones que exigen garantizar una movilidad accesible para todos. Quienes están en contra dicen que el transporte público es una competencia estatal y que el ayuntamiento no puede operarlo sin una autorización directa del Gobierno de Baja California Sur. También aseguran que el organismo nació sin un convenio formal y que no existen concesiones estatales que respalden las unidades, lo que lo dejaría sin sustento legal. A esto se agregan posibles irregularidades administrativas, como que un funcionario registró la marca “Tiburón Urbano” a su nombre y no al del municipio, además de que no se presentó un plan financiero claro. En cuanto a derechos, varios activistas señalaron que las primeras unidades no tenían rampas ni espacios para sillas de ruedas, lo que viola las leyes de accesibilidad e inclusión. Aun así, el nuevo Tiburón Urbano de La Paz dice que busca transformar la movilidad y ofrecer un transporte más moderno y seguro para miles de paceños. Te puede interesar.... Foto: Archivo / POSTA Baja California Sur Los transportistas concesionados acusan competencia desleal (tarifas subsidiadas y rutas invadidas) y han promovido amparos federales para frenar recorridos que consideran no autorizados. Piden “piso parejo”, apoyo para renovar flota y reglas claras. En el Cabildo, una regiduría votó en contra alegando exceso de facultades municipales y falta de consulta al Consejo Municipal de Transporte. En el Congreso estatal, integrantes de la Comisión del ramo han pedido revisar subsidios, permisos y rutas y abrir mesas de trabajo con el Ayuntamiento y el Ejecutivo estatal. Dirigencias partidistas de oposición exigen transparencia en el financiamiento y aclarar la titularidad de la marca. Organizaciones civiles y personas con discapacidad han impulsado acciones legales para exigir accesibilidad obligatoria en las unidades. Foto: Archivo / POSTA Baja California Sur Haz clic AQUÍ y recibe lo mejor de POSTA Baja California Sur en tu WhatsApp Mientras se resuelven los amparos y se aclara hasta dónde llegan las facultades del nuevo organismo, el Tiburón Urbano¿Por qué señalan como ilegal el nuevo organismo operador del Tiburón Urbano en La Paz?
¿Quiénes lo cuestionan el nuevo organismo operador del Tiburón Urbano en La Paz?
¿Qué podría cambiar en los próximos meses el nuevo organismo operador del Tiburón Urbano en La Paz?
Para darle certeza legal, se habla de firmar convenios con el Gobierno del Estado, regularizar las concesiones de cada ruta, hacer ajustes en el congreso y establecer un plan de accesibilidad con fechas claras.
También se tendrían que definir de dónde saldrá el dinero para mantener el sistema, cómo se manejarán los subsidios, y de qué forma podrán participar los transportistas dentro del nuevo esquema.
Si todo eso se logra, el OPD podría alinearse con la ley y operar con reglas claras en temas de inclusión, seguridad y transparencia.
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Pero si no, la bronca seguirá entre tribunales y política, afectando la frecuencia, cobertura y costos del servicio para quienes usan el transporte todos los días.
Además, el nuevo organismo promete funcionar con un modelo descentralizado, o sea, que tendrá autonomía para tomar decisiones sin depender directamente del ayuntamiento.
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