Empleadas domésticas, sin derechos ni seguridad: la deuda laboral de la CDMX
A pesar de los avances legislativos que buscan la igualdad, la mayoría de las trabajadoras del hogar siguen en condiciones precarios en CDMX.
A pesar de los avances legales que buscan garantizar la igualdad laboral, miles de trabajadoras del hogar en la Ciudad de México continúan inmersas en un ciclo de precariedad laboral, enfrentando la ausencia de contratos formales, la falta de seguridad social y una profunda discriminación estructural que expone a muchas a situaciones de abuso y explotación.
La capital del país, que concentra un número significativo de empleadas domésticas, arrastra una deuda histórica con este sector, en su mayoría mujeres, cuyos derechos fundamentales son sistemáticamente ignorados por una amplia proporción de empleadores.
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La seguridad social como espejismo
Una de las problemaciones más críticas es el incumplimiento generalizado de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La falta de seguridad social para las empleadas domésticas. Foto: IA
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exclusión de este sector del régimen obligatorio y el IMSS implementó un esquema de aseguramiento obligatorio, la realidad es que un alto porcentaje de las trabajadoras del hogar sigue sin gozar de este derecho fundamental.
La falta de inscripción al IMSS niega a las empleadas y a sus familias el acceso a servicios médicos, incapacidades, pensiones de invalidez y vejez, así como el acceso a guarderías y a las aportaciones para el Infonavit. Este panorama de desprotección socava su bienestar y perpetúa la vulnerabilidad económica.
Discriminación estructural y explotación laboral
El problema de la precariedad no es solo una omisión administrativa, sino la manifestación de una discriminación estructural que ha desvalorizado históricamente el trabajo del hogar, asociándolo a roles de género y a la exclusión de grupos sociales marginados.
Las líneas de investigación sindicales y de derechos humanos señalan que esta devaluación facilita el abuso y la explotación laboral.
Deuda de la CDMX con trabajadoras domésticas. Foto: IA
Las jornadas excesivas sin pago de horas extra, los salarios por debajo del mínimo profesional, la ausencia de un contrato por escrito y la negación de aguinaldos o vacaciones pagadas son prácticas comunes en muchos hogares de la CDMX.
Adicionalmente, el aislamiento del lugar de trabajo dificulta la inspección laboral y la denuncia, dejando a las trabajadoras expuestas a posibles maltratos verbales, físicos e incluso amenazas, en especial a aquellas que son internas o provienen de comunidades indígenas o migrantes.
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La deuda pendiente de la CDMX
A pesar de los esfuerzos por sensibilizar y la existencia de la Ley Federal del Trabajo que ahora incluye el aseguramiento obligatorio, la Ciudad de México tiene la responsabilidad de intensificar las campañas de información para empleadores, simplificar aún más los procesos de afiliación y, fundamentalmente, aplicar mecanismos efectivos de supervisión y sanción para quienes incumplan con la ley.
Trabajadora social trabajando. Foto: IA
Organizaciones civiles hacen un llamado urgente a las autoridades locales y federales a cerrar la brecha entre la norma legal y la práctica cotidiana, para que las trabajadoras del hogar puedan ejercer sus derechos laborales en condiciones de dignidad, seguridad y justicia, eliminando la deuda social que se extiende ya por demasiado tiempo.
A tres años de la reforma legal que hizo obligatoria la seguridad social para el sector, la desprotección sigue siendo la norma. Solo 64 mil 956 personas trabajadoras del hogar están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un número que apenas representa cerca del 3% de la población total que se dedica a esta labor en México.
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