México continúa como el país con mayores denuncias por desapariciones forzadas ante la ONU
El país concentra el 37.5% del total mundial de acciones urgentes por desaparición forzada ante el organismo
El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) confirmó que México se mantiene como el país con mayores denuncias de desapariciones forzadas ante su organismo.
La información se une a lo conocido, el pasado 2 de octubre, cuando el Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada informó que concluyó con la obtención de información sobre desapariciones en México, a fin de determinar si esta situación el país es un fenómeno sistemático o generalizado.
¿Por qué México es el país que cuenta con mayores denuncias de acciones urgentes por desaparición forzada ante la ONU?
El último reporte sobre acciones del CED-ONU, publicado el pasado 7 de octubre, señala que de enero al 16 de septiembre de este año, ha recibido 65 acciones urgentes por desaparición forzada desde México.
Al contabilizar estas denuncias, nuestro país suma 779 casos, lo que mantiene al país como la nación con el mayor número de casos, registros que significan el 37.56% de los 2074 casos que acumula el organismo desde 2012.
Tal número de reportes lo posicionan por arriba de los países con mayores denuncias, que son: Irak, con 663 casos, Colombia, con 244, y Cuba, con 200.
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¿Cuántos casos de desaparición recibió la ONU hasta este momento?
No obstante, el informe, publicado después del periodo de sesiones ordinarias en Ginebra, Suiza, destaca que comprende el último periodo de trabajo, realizado del 1 de marzo al 16 de septiembre de 2025, momento en el que recibieron 144 reportes mundiales por desapariciones forzadas.
De este número, 51 pertenecen a México, lo que equivale a 35% acciones urgentes que obtuvieron en dicho periodo. También, recibieron 51 de Irak, 10 de Sudán, nueve de Burkina Faso y seis de Ecuador.
El total de estas 144 acciones urgentes, 127 casos (88.19%) son de hombres o niños y 17 (11.81%) de mujeres o niñas. En tanto, se detalla que 13 de los reportes provienen de víctimas infantiles o adolescentes, ocho de defensores de derechos humanos, dos de personas originarias de pueblos indígenas, dos personas adultos mayores y tres personas con algún tipo de discapacidad.
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¿Cuál es el último número de casos de desaparición forzada en México qué refirió la ONU?
Fuera de esta vista general, los 51 reportes recibidos de México, tales desapariciones forzadas ocurrieron entre el 14 de mayo de 2014 al 19 de junio de 2025, resaltando que 22 de ellas sucedieron entre 2024 y 2025.
El CED-ONU puntualizó que las 51 acciones urgentes por desaparición forzada: 29 pertenecen a víctimas de Baja California, cinco de Jalisco, cuatro de Guanajuato, tres de Michoacán, dos de Zacatecas, dos de Ciudad de México; mientras que Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz y Sinaloa contaron cada uno con una acción urgente.
Este número de víctimas corresponde, según el organismo: 39 (78%) hombres; 11 (22%) mujeres, incluida una embarazada; cinco infantes (10%); una (2%) personas con discapacidad; y una (2%) personas defensora de los derechos humanos.
Además, y aunado a las 51 acciones urgentes, el CED-ONU subrayó que solicitó a México 259 medidas provisionales o de protección, de las 336 acciones que cuenta el organismo para este rubro.
¿Qué casos destacó la ONU en su reporte de desaparición forzada en México?
De los reportes obtenidos en Baja California, estos ocurrieron en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, sobre víctimas que fueron "privadas de libertad durante operaciones policiacas o interceptados por hombres uniformados”.
De Ensenada, destacaron que hubo reportes de “agentes de la policía municipal detuvo a trabajadores de la construcción con quienes forcejearon antes de subirlos a patrullas, de los cuales algunos fueron localizados en detención y otros permanecen desaparecidos”, y otro de “una mujer y cuatro hombres fueron presuntamente secuestrados de un rancho, donde se encontraron manchas de sangre y pertenencias personales”.
No obstante, también agregó: “si bien algunos agentes de policía enfrentan procesos penales por los casos mencionados, persisten las preocupaciones sobre demoras, intimidación contra las familias y ocultación o manipulación de pruebas cruciales”.
En cuanto a Jalisco, afirmó que las víctimas fueron “privadas de la libertad por personas identificadas como agentes del Estado, así como hombres armados, en un contexto donde el Comité ha recibido repetidas alegaciones de la colusión entre agentes estatales y criminales”. Además, señaló que siete guardias municipales de Teocolotlán tienen órdenes de aprehensión por algunos de los casos, pero no han sido detenidos.
Además, habló sobre un caso reciente, el de José Juan Arias Solís, adolescente de 14 años detenido tras un allanamiento en su domicilio por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato, de quien sigue sin tenerse noticias.
José Juan Arias Solís
También, se mencionó el caso de José Francisco Arias, "Don Panchito", padre buscador del colectivo Hasta Encontrarte, quien el 9 de junio “fue sacado de su casa por hombres armados” en Irapuato, Guanajuato, del que se agregó que “durante este incidente, otro de sus hijos (Jaime) fue asesinado frente a la familia”.
¿Qué señaló la ONU sobre la reacción del gobierno mexicano ante las denuncias de desaparición forzada?
El CED-ONU señaló que muchos casos en México se desarrollan en contextos donde existen denuncias de vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
A ello se suman deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación, caracterizados por retrasos prolongados y una falta de acción efectiva por parte del Estado. Estas omisiones, indicó el organismo, contribuyen a la impunidad y a la revictimización de las familias.
El informe de Acciones Urgentes del CED advirtió que en muy pocos casos se implementaron estrategias de búsqueda adecuadas y que, cuando se realizaron, no cumplieron con los protocolos nacionales ni con los estándares internacionales. Las labores se limitaron a revisar registros oficiales, sin acciones activas en campo ni coordinación efectiva entre las autoridades responsables.
El Comité también documentó que los familiares de las víctimas enfrentan restricciones para acceder a los planes de búsqueda, expedientes y reuniones interinstitucionales. Muchos reportaron dificultades para comunicarse con fiscalías o asesores de víctimas, además de encontrar expedientes incompletos o desorganizados; limitaciones que obstaculizan su derecho a participar en los procesos de búsqueda y justicia, como puntualizó el CED-ONU.
Finalmente, el organismo lamentó que, pese a que el gobierno mexicano responde formalmente a las solicitudes del CED, persisten las mismas fallas estructurales: ausencia de estrategias integrales, escasa coordinación, negativa de funcionarios a recibir denuncias o pruebas, y falta de protección para familiares ante amenazas y desplazamientos.
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