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Tamaulipas

Anticorrupción revisa contratos de JF Konstruyendo por presuntos vínculos con reo extraditado a EU

Anticorrupción revisa asignaciones a empresas señaladas; Obras Públicas niega relación con acusado y defiende legalidad de procesos.

La revisión busca determinar si la adjudicación de obras se realizó conforme a la ley y, en caso de detectar irregularidades, se dará vista a la Fiscalía estatal o federal. Foto: CMIC
La revisión busca determinar si la adjudicación de obras se realizó conforme a la ley y, en caso de detectar irregularidades, se dará vista a la Fiscalía estatal o federal. Foto: CMIC

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Por: David Paz

El Gobierno de Tamaulipas abrió una investigación interna sobre contratos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas, tras señalamientos de posibles vínculos entre empresas contratistas y un empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas.

La revisión busca determinar si la adjudicación de obras se realizó conforme a la ley y, en caso de detectar irregularidades, se dará vista a la Fiscalía estatal o federal. Mientras tanto, Obras Públicas niega cualquier nexo con el acusado y defiende la legalidad de los procesos de contratación.

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¿Qué originó la investigación?

La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que el órgano interno de control analiza todos los elementos de modo, tiempo y lugar para esclarecer el caso. “Si se encuentran elementos de que esos contratos no se llevaron a cabo conforme a la normatividad, debemos proceder.

De existir indicios de delito, se dará vista a la Fiscalía estatal o federal”, advirtió. Pedraza enfatizó que el proceso se realizará respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

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¿Qué dice la Secretaría de Obras Públicas?

El secretario Pedro Cepeda Anaya rechazó que las empresas señaladas tengan relación con el empresario extraditado. En el caso de la compañía JFK, afirmó que pertenece a un ingeniero de Reynosa, ex presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con más de cuatro décadas de trayectoria, y que no existe vínculo alguno con el acusado.

Sobre la firma Megamax, explicó que en 2023 recibió seis contratos —cuatro por licitación pública y dos por invitación— por un total de 27 millones de pesos con IVA, cumpliendo con todas las obligaciones fiscales, de seguridad social y de registro ante la CMIC.

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¿Qué acciones se tomarán si se detectan irregularidades?

Cepeda Anaya aseguró que, hasta ahora, no se han encontrado anomalías y que el presunto vínculo surgió solo después de la detención del acusado, sin sustento en documentos oficiales. Añadió que uno de los empresarios involucrados solicitó reunirse con las autoridades para aclarar públicamente los señalamientos.

También subrayó que la dependencia no cuenta con un área de inteligencia para investigar la vida personal o familiar de los contratistas.

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La investigación sigue en curso, y el Gobierno de Tamaulipas ha reiterado que, de confirmarse irregularidades, actuará conforme a derecho. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo el escrutinio público, con la expectativa de que se esclarezcan los señalamientos y se fortalezcan los mecanismos de transparencia en la asignación de obra pública.

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