Reforma a la Ley del ISSTEY en Yucatán: lo que todo trabajador debe saber
Joaquín Díaz Mena envió al Congreso de Yucatán una iniciativa de reforma a la Ley del ISSTEY para beneficiar a los trabajadores
Este miércoles 10 de septiembre, el Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, presentó a través del Consejero Jurídico, Gaspar Alemañy, la iniciativa de reforma a la actual Ley del ISSTEY, vigente desde 2022.
En el Congreso Local, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para modificar la ley que tiene como fin garantizar a la base trabajadora del servicio público, pensiones justas, seguras y sostenibles.
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¿Qué contempla la reforma a la Ley del ISSTEY en Yucatán?
La reforma a la Ley del ISSTEY contempla, entre otros temas: la desaparición del salario regulador en cumplimiento con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así como la reducción de la edad mínima para jubilarse que pasa de 65 a 55 años. En el caso de los años de cotización requeridos para obtener el 100% de la pensión, disminuyen 35 a 30 años para hombres y a 28 años para las mujeres.
Para la jubilación voluntaria, esta será partir de los 15 años de servicio en lugar de 20, además de la sustitución del salario regulador por salario de cotización, y el congelamiento en 9% de la cuota de aportación de los servidores en transición.
Ya que con la reforma de 2022 ese porcentaje habría aumentado progresivamente hasta llegar al 13% del salario.
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¿Qué pasa con la Ley del ISSTEY 2022?
La Ley del ISSTEY que se encuentra vigente, que afecta a más de 40 mil trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, fue promulgada el 21 de julio del 2022, durante la administración estatal de Mauricio Vila Dosal.
Esta reforma impulsada por el gobierno de Joaquín Díaz Mena busca de corregir una "injusticia histórica" al plantear ajustes para mejorar pensiones y proteger a las y los trabajadores al servicio del Estado.
¿Qué dijo la Suprema Corte sobre la Ley del ISSTEY de Vila?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley del ISSTEY, específicamente los artículos 110 a 113, que establecían periodos de cotización superiores a los 30 años para acceder a pensiones, lo que fue considerado una violación al derecho de seguridad social.
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