Hasta 300 pipas de huachicol eran descargadas en puertos de Tampico y Altamira en Tamaulipas
Una red criminal encabezada por mandos navales habría permitido la entrada de combustible ilegal disfrazado de aditivos, ocasionando pérdidas millonarias al erario.
La Fiscalía General de la República (FGR) destapó una de las operaciones de huachicol fiscal más grandes registradas en Tamaulipas. Según la investigación, entre 290 y 300 pipas de combustible ingresaban a puerta cerrada en los puertos de Tampico y Altamira para retirar cargamentos ilegales.
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La operación habría funcionado durante más de un año bajo la dirección del vicealmirante Roberto Farías Laguna, señalado como líder de una red criminal que permitió el ingreso de diésel desde Estados Unidos bajo documentación falsa.
El mecanismo consistía en presentar los cargamentos como aditivos o aceites con tasas impositivas más bajas, cuando en realidad se trataba de diésel refinado. Así, el Estado mexicano dejó de percibir millones de pesos en impuestos, mientras una red de funcionarios y civiles se beneficiaba del contrabando.
¿Cómo se descubrió la operación de huachicol fiscal?
Las acusaciones se sostienen en tres pruebas clave: el manuscrito del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar —quien denunció la red en 2022 y fue asesinado en 2024—, el testimonio de “Santo”, un exmarino que decidió colaborar con la FGR tras sentirse en riesgo, y las declaraciones de exintegrantes civiles de la estructura.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, entre abril de 2024 y mayo de 2025 ingresaron al país 31 buques con este tipo de cargamentos. Cada vez que uno atracaba, se detenían de manera inusual las operaciones portuarias y las pipas se formaban para cargar el combustible, cuyo olor delataba que se trataba de diésel, a pesar de lo señalado en la documentación oficial.
¿Quiénes integraban la red señalada por la FGR?
La FGR sostiene que Roberto Farías Laguna no actuaba solo. A su alrededor operaban funcionarios de la Marina y civiles de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). Entre los procesados están capitanes, subdirectores de aduanas, verificadores y jefes de departamento.
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Los nombres de Climaco Aldape Gutiérrez, Sergio Varela, Humberto Enrique López Arellano, Carlos de Jesús Astudillo Villalobos, Fernando Ernesto (aduana de Altamira), Endira Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Ismael Ricaño Matías y Natalia Jocelyn Gutiérrez figuran en la lista de implicados. En el caso de Castro Sánchez, quien estaba embarazada al momento de su detención, el juez determinó prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
¿Qué implicaciones políticas tiene este caso?
El escándalo tomó un giro político al confirmarse que los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como líderes de la red, son sobrinos políticos del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Mientras Roberto enfrenta proceso judicial, Fernando permanece prófugo, lo que ha despertado sospechas de encubrimiento o negligencia institucional.
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Este caso exhibe las debilidades en el control aduanal del país y en los mecanismos de supervisión portuaria. La pregunta que queda en el aire es cuántas operaciones similares pudieron realizarse en otros puertos sin ser detectadas.
